El 13 de diciembre el Consejo de ministros validó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que, actualmente, está en el período de presentación de enmiendas e introducción de modificaciones, antes de su entrada en vigor.

Entre otras cosas, el texto de la Ley pone de manifiesto que la movilidad está íntimamente vinculada a la libre circulación y a la facilidad de los desplazamientos, ante un reto climático que exige adaptar el sistema de transporte hacia una movilidad limpia. También subraya que la digitalización y las nuevas tecnologías están transformando la movilidad y, por ello, es necesario adaptar el marco jurídico para poner estas herramientas al servicio de las personas, además de garantizar que las inversiones públicas se centren en aquello que genera un mayor valor social.

Por esta razón, uno de los pilares de la Ley hace referencia a fomentar la movilidad limpia y sostenible, potenciando infraestructuras y equipamientos para la sostenibilidad del sistema de transportes, el uso y suministro de fuentes de energía alternativas y la gestión ambiental en los servicios de transporte.

En este sentido, se pretende introducir mejoras para la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, por ser un servicio indispensable para la sociedad, y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores.

Pero, tal y como está redactada actualmente, ¿cómo afectaría esta Ley al sector del transporte terrestre de mercancías?

 Al ser un sector estratégico que sustenta la actividad económica del país, la Ley indica que, en materia de sostenibilidad, hay que avanzar hacia la descarbonización para cumplir con los compromisos internacionales. En este sentido, se pretende reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones y, entre otros aspectos, se abriría la puerta a que los ayuntamientos puedan decidir si establecen o no una tasa por la circulación de vehículos en las ZBE.

Asimismo, en cuanto a la distribución urbana de mercancías y la logística de la última milla, se definirían planes de movilidad urbana sostenible para ordenar y homogeneizar esta actividad en cooperación con otros municipios colindantes.

También es importante destacar que, de aprobarse finalmente la Ley sin introducir cambios sustanciales, las empresas del sector del transporte deberían calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, además de impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía. Dado que esta obligatoriedad generaría un coste para las empresas, se fijarían exenciones y pautas flexibles en función del tipo y facturación de las empresas de transporte afectadas.

En el apartado de digitalización e incorporación de nuevas tecnologías, la Ley aboga por crear el Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), en el que las empresas de transporte, los gestores de infraestructura y las administraciones compartirían sus datos.

Otro punto relevante es que, si el redactado de la Ley no cambia, sería obligatorio utilizar el documento electrónico (digital) de control administrativo para el transporte de mercancías.

Desde que se conoce el texto del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, diferentes colectivos y asociaciones del sector del transporte de mercancías, y también de pasajeros, han puesto de manifiesto que esta nueva regulación incrementaría no sólo la burocracia, sino también los costes y las inversiones que las empresas tendrían que acometer en, por ejemplo, nuevos vehículos, sin que la tecnología esté suficientemente madura, en nuevos combustibles, más caros y que todavía no se han desarrollado o en nuevas tecnologías para la digitalización de los procesos.

Además, y muy probablemente, para cumplir con ciertos criterios de sostenibilidad se acabarían estableciendo restricciones a la circulación, pago por uso de infraestructuras y nuevos impuestos para un sector, el del transporte de mercancías, que mueve la práctica totalidad de las mercancías que abastecen a las personas en una ciudad.